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Boletín de prensa 21 de enero de 2011
EL TIEMPO
JAVIER ZAPATA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA
El magistrado reemplazará en el cargo María del Rosario Gónzález de Lemus, que cumplió su periodo.
La elección del nuevo presidente se empezó a discutir el miércoles pasado y hoy en la sala extraordinaria se ratificó.
El vicepresidente de la Sala Penal será el magistrado Leonidas Bustos.
Zapata es uno de los magistrados más recientemente nombrados y es quien tiene a cargo el caso del representante Germán Olano e Iván Moreno.
El magistrado Zapata es destacado por que en sus discursos ha insistido en la digitalización de la justicia.
Zapata es egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal y Criminología de ese mismo claustro académico. También es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana.
APRUEBAN SEIS NUEVOS DECRETOS PARA ENFRENTAR LA OLA INVERNAL
Se terminó, parcialmente, el consejo de Ministros. Futuro de las CAR se definirá este viernes.
De los decretos que se analizan, el presidente Juan Manuel Santos, en consejo de Ministros que continuará este viernes, aprobó seis por medio de los cuales se busca brindar un apoyo a los colombianos víctimas del invierno.
Uno de los decretos aprobados en la reunión de hoy establece la destinación de subsidios por 51 mil millones de pesos para mitigar los efectos de la ola invernal que azotó al país a finales del año pasado.
El consejo de Ministros, en donde se examina el futuro de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), sería en principio convocado para cambiar el nombre de éstas, como también su jurisdicción y sede, según conoció ELTIEMPO.COM.
Se espera que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos expida un decreto con fuerza de ley que modificará la esencia y estructura de 32 CAR.
El mandatario dijo que "así quisiéramos", legal y constitucionalmente, las corporaciones autónomas regionales no podrían liquidarse por decreto.
Y agregó que "a nadie le cabe la menor duda" de que "las corporaciones requieren reformas". También señaló que se va a estudiar la forma "de hacerlas más eficientes, más compatibles con su función" en el proceso de "prevenir los estragos de un invierno como el que hemos sufrido".
"Esperamos hoy llevar al Consejo de Ministros un decreto para reformar todo el sistema de las Corporaciones Autónomas", había señalado más temprano Santos a través de su cuenta en Twitter.
Una de las más de veinte versiones del decreto que se expedirá daba cuenta de que prevalecía la idea de "liquidar" las corporaciones existentes -las cuales tienen jurisdicción departamental- para crear 16 nuevos entes con competencias similares, pero con una cobertura que responda más a la naturaleza de las principales cuencas hidrográficas.
Las CAR son unas instituciones con bastante autonomía económica y política, en principio creadas para preservar el medio ambiente local y regional, y manejan cerca de un billón de pesos.
El Gobierno cree que estas no fueron diligentes en realizar acciones para prevenir efectos desastrosos de fenómenos naturales, como la ola invernal.
El propio Santos anticipó que habrá decisiones al respecto. "Esperamos llevar al Consejo de Ministros un decreto para reformar todo el sistema de las Corporaciones Autónomas, para que cumplan con su cometido, sobre todo en materia de medio ambiente, que es básicamente por lo cual fueron creadas", había dicho el Mandatario previo al consejo de Ministros que continuará este viernes.
"Espero poder darle al país esa noticia importante de una reforma de fondo en todo el esquema de las Corporaciones Autónomas Regionales", agregó Santos este miércoles.
La reforma se efectuará al amparo de la Emergencia Social, Económica y Ecológica, declarada para hacer frente a la ola invernal.
El proyeto de decreto señala que "es evidente que los eventos de catástrofe y calamidad" causados por el invierno -inundaciones, derrumbes, daños de vías, pérdida de zonas agrícolas, daños en servicios públicos, muertes y fenómenos de desplazamiento- "guardan íntima relación con una inadecuada gestión pública en la planificación y la administración de los recursos naturales renovables" en todo el país.
A juicio del Gobierno, la actual distribución de corporaciones autónomas, basada en los límites político-administrativos que marcan las fronteras departamentales, "fracciona" la adecuada "gestión ambiental".
El Gobierno quiere unas CAR más técnicas y eficientes. Por eso buscará darles nuevas funciones, como la formulación de planes de atención de la emergencia invernal y mitigación de sus efectos. Por otra parte, les dará competencias para formular proyectos que permitan restaurar zonas inundables.
EDITORIAL: ESTRENANDO LA LEY DE SALUD
El país no puede desperdiciar la oportunidad de darle forma a un sistema que beneficie a la gente.
Después de mucho padecer los problemas de financiación, calidad, cobertura y oportunidad del sistema de salud, el país estrenó ayer, por fin, la legislación que lo reforma. Resulta lógico que los colombianos se pregunten hoy si la Ley 1438, sancionada el pasado miércoles por el presidente Juan Manuel Santos, resolverá la profunda crisis que mantiene al borde del colapso a este sector.
Lo primero que hay que reconocer es que la norma contiene algunos beneficios para los usuarios, dignos de destacar. Entre ellos se cuentan la posibilidad de que una persona sea atendida en cualquier lugar del país, independientemente del sitio en el que se haya afiliado, y la prohibición expresa, a aseguradores y prestadores, de imponer limitaciones de cualquier tipo que bloqueen el acceso de la gente a los servicios de salud. También se eliminan las multas que se imponían a los usuarios y quedó sentado que los planes de salud (POS) por fin serán actualizados, de manera regular.
Nadie puede poner en duda la buena intención, plasmada en el texto de la norma, de darle un viraje a la forma de asumir la salud pública, privilegiando lo preventivo sobre lo curativo y brindando atención preferente a la infancia y la adolescencia (incluida la gratuidad para niños con discapacidad o afectados por enfermedades catastróficas o ruinosas).
Es necesario resaltar, asimismo, el compromiso del Gobierno de perseguir a los corruptos que durante años han desangrado el sistema, amparados en el desorden administrativo imperante a todo nivel, así como la búsqueda de nuevas fuentes de recursos.
Sin embargo, es evidente que muchos de los 145 artículos de la ley son enunciados que no podrán llevarse a la práctica si no media un riguroso y equilibrado proceso de reglamentación. Sin eso, hasta los aspectos más positivos de la 1438 pueden quedar en el aire, como ocurrió con muchos de los postulados de la Ley 100 de 1993.
Sobra decir que no es una tarea fácil, si se tiene en cuenta que al sistema de salud -que mueve más de 30 billones de pesos al año- lo rondan hambrientos y poderosos intereses, que no están dispuestos a ceder los beneficios que han ganado. Dicha realidad afloró durante el proceso de construcción de la reforma.
Por esta razón, la reglamentación debe estar claramente mediada por la concertación y un norte imperdible: la defensa de los usuarios. Quizás algo de esto faltó en la discusión de esta nueva apuesta legislativa. Quedó demostrado con la abierta descalificación que de la normatividad hicieron los médicos y profesionales de la salud, encabezados por la Academia Nacional de Medicina, órgano consultor del Gobierno en estos temas.
En sus manifestaciones, han dicho que la flamante ley no resuelve problemas estructurales del sector y que aún no queda claro por qué, pese a las enormes inversiones, la salud de los ciudadanos y la atención que reciben siguen sin mejorar.
Se quejan, además, de que sus advertencias y observaciones al respecto no fueron tenidas en cuenta. Es lamentable que los legisladores y el Gobierno no les hubieran dado la debida importancia.
Estas diferencias deben superarse, si lo que se quiere es enfrentar con altura la reglamentación de la 1438 y la discusión de la ley estatutaria, que regulará el derecho a la salud de los colombianos, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.
El país -que quede claro- no se puede equivocar otra vez ni desperdiciar la oportunidad de darle forma a un sistema que beneficie de verdad a la gente, que se mida por indicadores de salud y en el que los recursos tengan un manejo justo y transparente.
EL ESPECTADOR
PROPONEN AMPLIACIÓN DE PERIODO PRESIDENCIAL A CINCO AÑOS
Cuando aún quedan más de 3 años y medio del periodo de Juan Manuel Santos, el representante Wilson Gómez del Partido de La U está promoviendo esa idea.
Aún sin haber pasado ni un solo año de gobierno de Juan Manuel Santos, desde el Congreso se empieza a gestar la idea de la ampliación del periodo presidencial.
En el Partido de La U está siendo ambientada la posibilidad de que no sean cuatro sino cinco los años que dure este periodo.
El promotor de la iniciativa, el representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez, explicó que cuatro años son poco para realizar muchas de las ideas de un plan de gobierno y para que sean evaluadas por los ciudadanos las actuaciones del mandatario.
“Bajo el entendido que una Nación debe ser administrada como una empresa y no tenida como una institución de carácter político es necesario que el periodo no dependa de unos años tan cortos”, aseguró
Según él, cuatro años son poco tiempo para que la ciudadanía pueda evaluar al Presidente y decidir si éste es merecedor de la reelección presidencial.
“Cinco años estaría en el equilibrio en razón a que Colombia ha madurado políticamente en los últimos años y se ha demostrado a través de los últimos dos gobiernos que con una buena gerenia lo que se merecen es tener una mejor oportunidad”, enfatizó.
Al hablar de la posibilidad de la reelección y la permanencia de un presidente por más de diez años, el Legislador no consideró que ese periodo de tiempo sea mucho.
“Aquí se intentó la reelección de Álvaro Uribe por segunda vez; que no se dio más por situaciones políticas que por la voluntad del pueblo que así lo quería, entonces creo que la madurez del país y sus dirigentes puede permitir esa posibilidad”, recalcó.
El próximo 7 de febrero será entregada de manera formal la iniciativa del representante Wilson Gómez, quien con antelación considera que recibirá el apoyo de La U para radicar el proyecto de reforma constitucional que requiere de dos vueltas en el Congreso.
CORTE SUPREMA APELARÁ TUTELA CONTRA FALLO DE REGINALDO BRAY
Un Juez de Cartagena había dejado sin efectos la orden de detención emitida por el Alto Tribunal.
Luego de que de que un juez de Cartagena, Bolívar, por vía tutela, echara abajo la determinación de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena contra Reginaldo Bray por el fallido contrato establecido por el Ministerio de Transporte con Dragacol, este viernes trascendió que Alto Tribunal apelará dicha decisión.
La Sala de Casación Penal había confirmado la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la sentencia en contra de Bray a 80 meses de prisión, tras ser declarado culpable del cargo de peculado.
El convenio en el que también fungían como contratantes las gobernaciones de Bolívar y Valle del Cauca tenía como fin el dragado del canal de acceso a Barranquilla y Buenaventura.
La ejecución del convenio había sido detenida tras el embargo de los equipos a través de los cuales se ejecutaba la obra por que el contratista no había cancelado el Impuesto de Valor Agregado, IVA, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Utilizando documentos firmados por funcionarios del Ministerio de Trasporte, Bray pretendía hacerse a una millonaria indemnización por perjuicios económicos, luego de una cuestionada conciliación.
En 2008 el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá lo absolvió del cargo que por peculado corría en su contra, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de la Capital, que además le ordenó el pago de más de 14.000 millones de pesos derivados de la cancelación de más 71 mil salario mínimos mensuales vigentes.
EL NUEVO SIGLO
Por William Calderón
Pugna. El Consejo de Estado se reunirá en Sala Plena el martes próximo para elegir dignatarios. La presidencia le correspondería a un liberal y la vicepresidencia a un conservador. Aunque inicialmente se daba como segura la elección del magistrado Mauricio Fajardo como presidente, en las últimas horas se ha robustecido la candidatura de Alfonso Vargas, quien ha logrado poner de su parte al llamado Combo de los Filemones (o boyacos) y la Masonería.
Sorpresa. En vísperas de la elección, la sorpresa la constituye la aspiración del magistrado Marco Antonio Velilla a la vicepresidencia del máximo tribunal de lo contencioso, donde está de por medio la Sala del Servicio Civil con la que Velilla ha tenido serios rifirrafes a raíz del concepto emitido sobre la última terna para la Fiscalía, en donde fue descalificado por sus propios compañeros.
¿Crisis? Como en el gobierno de Santos se trata de marcar cambio de estilo sustancial con Uribe, se piensa en el regreso de las crisis ministeriales. Un primer remezón involucraría a los ministros del Interior y de Defensa y al embajador en Venezuela. Vargas podría pasar a la cartera de Defensa y Bautista se vendría de Caracas a manejarle la agenda política, desde el Ministerio, a Santos, quien le tiene plena confianza como ajedrecista del régimen.
Ministros. Ningún ministro de Gobierno, salvo César Gaviria, ha sido elegido presidente después de su paso por esa cartera. Al pereirano le correspondió porque recogió las banderas de Galán por razones de fuerza mayor. Los demás, como Jaime Castro, Humberto de La Calle, Fernando Londoño, Carlos Holguín, Fabio Valencia y Sabas Pretelt no ocuparon la alta dignidad, pese al buen suceso de su gestión, porque la clase política termina pasándoles cuentas de cobro
DESIGNADO NUEVAMENTE COMO GOBERNADOR (E) DE MAGDALENA, GENERAL (R) MANUEL JOSÉ BONNET
Tras la determinación de la contralora General de la República, Sandra Morelli, de suspender al gobernador del Magdalena, Ómar Diazgranados, el general en retiro Manuel José Bonnet Locarno será designado nuevamente en dicho cargo.
Así lo anunció hoy el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, al señalar que acata la decisión de la Contralora y en consecuencia se dispone a restituir como gobernador encargado al general Bonnet.
"La Contralora presentó anoche una nueva solicitud para que se proceda a suspender al Gobernador y el Gobierno acatará la decisión de la Contralora. En el día de hoy muy probablemente se expida el decreto", explicó el jefe de la cartera política.
En el transcurso de esta jornada se espera que el Gobierno Nacional expida un decreto en el que se formalice la nueva designación del general en retiro, Manuel José Bonnet Locarno.
REVISTA SEMANA
¿POR QUÉ LA EMERGENCIA INVERNAL ES CONSTITUCIONAL?
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Según las autoridades, la emergencia invernal ha dejado a su paso más de 2 millones de víctimas.
La posible intervención de las CAR por medio de un decreto nutre la discusión sobre la constitucionalidad de la “emergencia” invocada por el Gobierno.
Jueves 20 Enero 2011El Estado de emergencia decretado por el Gobierno pasó el examen del Congreso, que se reunió esta semana para evaluar su viabilidad. Paralelamente, a comienzos de la semana pasada la Corte Constitucional había comenzado el examen de exequibilidad que determinará si el decreto con el cual se dio vida a la emergencia se ajusta o no a lo que exige la Ley.
La mayoría de los constitucionalistas consultados por Semana.com coincide en que en esta ocasión la exequibilidad de la medida está casi que confirmada. ¿La razón? La tragedia invernal “es un hecho sobreviniente”.
“Como ciudadano uno percibe que la tragedia ha causado pérdidas de vidas humanas, pérdidas del patrimonio de los damnificados y la destrucción de la infraestructura. Lo que uno supone es que sí es una contingencia que no pudo ser prevista”, explicó a Semana.com el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.
En el Congreso sólo dos congresistas se opusieron a las medidas del Gobierno: Jorge Robledo y Alexánder López, del Polo Democrático. En criterio de Robledo, la emergencia pudo ser prevista por el Gobierno, pues fueron “hechos anunciados”, y éste ha “sido lerdo para actuar”.
El argumento que invoca Robledo es el que ha reiterado la Corte en otras revisiones de la constitucionalidad de estados de excepción, y es que si una crisis se puede enfrentar de otras maneras, por ejemplo, a través de leyes o de reformas constitucionales –que necesariamente tienen que pasar por el Congreso–, no es justificable una declaratoria de emergencia.
Para el constitucionalista Juan Carlos Lancheros, director de DerechoJusto.org, “se pudo prever que el invierno causaría daños, pero no la intensidad ni la dimensión del daño”. En otras palabras, nadie puede decir que se sabía que caería tanta agua.
Además, dice Hernández: “la Corte seguramente también tendrá en cuenta que el Gobierno (de Juan Manuel Santos) acababa de comenzar y por lo tanto no se puede culpar de negligencia”.
Esteestado de excepción es diferente a la declaratoria de la conmoción interior del 9 de octubre del 2008, por el paro de funcionarios de la rama judicial, que fue declarada inconstitucional.
La Corte tumbó el decreto con el argumento de que el Gobierno pudo acudir a otras medidas antes de declarar la conmoción interior. Además, a pesar de que algunos funcionarios de la Justicia dejaron de trabajar los tribunales, las altas cortes, e incluso la Fiscalía General, no paralizaron sus labores.
Otro caso parecido fue la declaratoria de emergencia económica y social del 23 de diciembre del 2009 por el colapso financiero del sistema de salud. En ese caso, la Corte también declaró inexequible la medida. No obstante, difirió los efectos de la sentencia y le permitió al Gobierno seguir cobrando unos impuestos para evitar el colapso del sistema de salud, mientras el Congreso hacía los ajustes reglamentarios necesarios.
Esas dos declaratorias de excepción se dieron en el gobierno de Uribe.
Para el asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía Gabriel Bustamante, “en el caso del paro judicial, la medida a la que acudió el Gobierno fue exagerada, y en el caso de la salud, todo el mundo sabía que era un problema estructural del sistema ocasionado por la negligencia, pero no por un hecho inesperado”.
El procedimiento
La Corte comenzó a examinar el decreto “madre”, o sea el que le dio vida a la emergencia, a partir de la semana pasada. La ponencia está a cargo del magistrado Mauricio González, actual presidente de la corporación.
Por tratarse de una emergencia, los términos de tiempo en que la Corte Constitucional debe tomar las decisiones se reducen en comparación con la revisión de las reformas constitucionales o las leyes.
Así, por ejemplo, a partir del momento en que el magistrado practicó las pruebas, comenzó la etapa de intervención ciudadana, que dura 10 días, en la que los ciudadanos expresan su acuerdo o desacuerdo con los decretos. El Procurador también presenta un concepto en el que argumenta por qué la Corte debe pronunciarse en tal o cual sentido. Una vez allegado el concepto del Procurador, el magistrado González tiene siete días para presentar el proyecto de fallo. Y después de presentada la ponencia, la Corte tiene 20 días para pronunciarse.
Si la Corte declara exequible el estado de excepción, procede a examinar los decretos derivados del decreto madre. Como el Gobierno puede emitir decretos hasta por 90 días, la Corte también entra a examinar esos decretos simultáneamente. La revisión de esos decretos se reparte entre varios magistrados, para agilizar el trámite.
“Los demás decretos pueden ser modulados o derogados por la Corte”, explicó Lancheros. Eso quiere decir que el Alto Tribunal puede, a pesar de haber declarado exequible el estado de excepción, declarar inexequibles apartes de los decretos derivados o los decretos mismos.
La clave es la ‘causalidad’
Según el exmagistrado Hernández, hasta ahora, la mayoría de decretos expedidos por el Gobierno para atender la emergencia invernal se ajustan al principio constitucional que exige que las medidas tengan “relación directa, específica y exclusiva con la emergencia”.
En otras palabras, el Gobierno se ha cuidado de emitir decretos que sean consecuentes con las causas de la emergencia.
“Sólo uno de los expedidos hasta ahora, a mi juicio, no tiene una relación específica con la emergencia: el que impidió la realización de la elección del Gobernador en el Valle del Cauca”, agregó el exmagistrado. En ese caso, el Gobierno argumentó que el dinero que se gastaría en la jornada electoral podría servir para aliviar los efectos del invierno.
En las úlimas horas también se ha conocido que el Gobierno posiblemente emitirá un decreto para intervenir las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). En un principio, con base en un borrador que se filtró a los medios de comunicación, se dijo que el Gobierno pensaba liquidar estos organismos, que son 32, para dar lugar a la creación de 17 nuevas corporaciones. Sin embargo, el propio presidente Juan Manuel Santos corrigió la información y afirmó que no serán liquidadas.
La importancia del futuro de las CAR no es de poca monta, pues además de sus funciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, éstas manejan un presupuesto de 1,3 billones, han sido utilizadas como fortines burocráticos para “hacer política”, y tienen presencia en todos los departamentos.
A esta hora el Gobierno estudia qué hará con estos organismos, cuya capacidad quedó desbordada por la emergencia, además de que en algunos casos han sido cuestionadas por ineficientes.
Constitucionalistas consultados por Semana.com aducen que sí es viable jurídicamente la intervención de las CAR, mas no su liquidación porque estos organismos tienen rango constitucional, es decir, su creación se debió a la Carta firmada en 1991.
La intervención de organismos por la vía decreto tiene un antecedente. En 1992, con la crisis causada por el fenómeno del “Niño”, el gobierno de César Gaviria intervino por la vía de decretos el sector energético. En ese entonces, las discusiones en la Corte Constitucional versaron sobre si el Gobierno se estaba excediendo en sus facultades al intervenir las empresas productoras de energía eléctrica o no. No obstante, la Corte les dio el aval a las medidas, pues la reestructuración estaba orientada a superar la crisis.
decreto hace una reestructuración, no hay lío, pero si el decreto lo que busca es una reforma a la estructura institucional, sería muy complicado defender su constitucionalidad”, aclaró Bustamante.
La constitucionalidad de la intervención de los organismos depende de la “conexidad” que exista entre las razones que llevan al Gobierno a declarar la emergencia y los efectos que busca la medida. No hay que olvidar que el estado de emergencia tiene dos propósitos: superar la crisis y evitar que sus efectos se prolonguen. Lo que está claro es que el Gobierno no puede aprovecharse de la situación para hacer reformas que requieren obligatoriamente un paso por el Congreso.